Proteger los derechos de los ciudadanos frente a los actos de la administración pública, garantizando un acceso efectivo a la justicia administrativa y un debido proceso, impulsando la cultura de la legalidad, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el servicio público y contribuir a la construcción de un sólido estado de derecho en Quintana Roo.